La aprobación de estados de alarma o catástrofe debido al impacto de la pandemia del Covid-19 podría tener consecuencias sobre el ejercicio efectivo del derecho a la información, en especial las derivadas del control de los medios públicos o de un ejercicio periodístico irresponsable por parte de corporaciones y medios privados. Las dificultades de acceso a fuentes de información rigurosas y veraces perjudican, en especial, a las comunidades más vulnerables que, relegadas o descuidadas en la agenda de los medios convencionales, necesitan cubrir sus necesidades específicas mediante un cuerpo robusto de medios ciudadanos y de proximidad. Como ha expresado la ONU, “cuando se impide el libre intercambio de ideas e informaciones, no solo se violan derechos, sino que también se socava la confianza pública”.
La calidad y la pluralidad informativas deben ser ejes vitales en el proceso de transición hacia la “nueva normalidad” que se propone desde las administraciones públicas. Esta expresión puede llegar a suponer un eufemismo si se invisibilizan las situaciones de desigualdad y vulneración de los derechos y libertades fundamentales que anticipa la actual crisis social y económica. El “mundo anterior” al coronavirus distaba mucho de ser un contexto “normal”, si entendemos “la normalidad” como un ejercicio pleno de los derechos y libertades ciudadanas. Esto se agrava porque están todavía presentes los dramáticos efectos de la crisis financiera de 2008, que contribuyó a enquistar las desigualdades sociales, la distancia entre ricos y pobres y la exclusión social de amplias capas de la población, tal y como ponen evidencia distintos informes (por ejemplo, el VIII Informe Foessa de 2019, resumido aquí por EAPN).
En los últimos años, la desigualdad ha mostrado sus múltiples aristas y facetas: cifras crecientes de desempleo y precariedad laboral; un incremento alarmante de la pobreza infantil y la exclusión social; la amenaza al derecho a la vivienda de muchas familias; el abandono escolar; o la imposibilidad de compra de medicinas y alimentos saludables. Una vez más, la situación de emergencia que acompaña al Covid-19 pone en evidencia el funcionamiento disfuncional de nuestras sociedades, una situación que se agrava cuando los servicios públicos fundamentales han sido infradotados (educación, sanidad, dependencia, etc.), lo que supone un grave perjuicio a la ciudadanía y, en especial, a sus poblaciones más vulnerables: nuestros mayores, muchas mujeres, las personas con discapacidad, migrantes, desempleadas, empleados precarios y estigmatizados, etc.
En el ámbito de la comunicación, la eliminación de medios de comunicación de titularidad autonómica ha formado parte de las promesas y programas electorales de algunos partidos políticos, sin que tampoco se contemplen medidas para combatir la desinformación o garantizar un sistema pluralista de medios. En Andalucía, donde los medios de proximidad están fuertemente arraigados, el gobierno autonómico acaba de autorizar la privatización de los medios públicos locales de radio y televisión, una situación que ha sido denunciada por sindicatos, colegios profesionales y organizaciones (como EMA-RTV o la Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía) al considerar que daña el pluralismo y la identidad territorial de la Comunidad Autónoma.
Diez años después de la aprobación de la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual, que reconoce por primera vez los “servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro” como un derecho de la ciudadanía, este marco regulatorio sigue sin aplicarse en relación con los medios comunitarios, puesto que no se han regulado los procesos de adquisición de las licencias de emisión de radio y televisión, una situación pone en riesgo el pluralismo audiovisual según reconoce el UE Media Pluralism Monitor.
En este escenario, y frente a la dramática caída de la publicidad en cerca de un 80%, el gobierno ha compensado con 15 millones de euros a las televisiones privadas a fin de aliviar sus costes y garantizar el servicio público que estas empresas prestan o deberían prestar. Confiando en que esta medida sirva para proteger los puestos de trabajo de muchos periodistas precarizados/as, echamos en falta, no obstante, líneas de apoyo firme a un Tercer Sector de la Comunicación que garantizarían la viabilidad de un ámbito clave para la pluralidad informativa y el derecho de comunicación.
Durante la crisis no ha habido incentivos o ayudas directas a medios comunitarios, libres, cooperativos o educativos, lo que ha provocado que algunos medios independientes online, algunos de ellos cooperativas, se activen para reclamar una mayor equidad en el reparto de la publicidad institucional, o la equiparación del IVA de las suscripciones a la prensa digital (hoy del 21%) al de la prensa papel (4%), tal y como ya ocurre en muchos países de Europa (más información en la cooperativa de periodistas Crític).
Tal y como ha denunciado Reporteros Sin Fronteras (RSF), un conjunto de crisis –geopolítica, tecnológica, económica, democrática, y de confianza- ponen en riesgo el futuro del periodismo a nivel mundial, por lo que la ONG recomienda que estados y organizaciones internacionales (ONU, OMS) aseguren la supervivencia de medios y periodistas, a sabiendas de que el derecho a la información es inherente al derecho a la salud y a una vida digna.
Durante esta pandemia, los medios del Tercer Sector han afrontado su misión con más esfuerzo y responsabilidad. A la creación o el mantenimiento de espacios que garantizan el derecho a la comunicación de la ciudadanía, se suman la lucha contra la desinformación y su apuesta por fomentar contenidos que incentiven la participación ciudadana en materias de salud pública, educación, cultura, ciencia o igualdad. Por otra parte, los medios comunitarios y alternativos han afrontado el contexto de emergencia promoviendo una agenda de valores que se desmarca de los fundamentos que definen a un mundo en crisis permanente. En un momento de profunda virtualización de la economía, el ocio y el trabajo, este sector de los medios sigue privilegiando el cuidado de las comunidades, el encuentro con las personas del territorio, y el trabajo por un mundo más inclusivo y humano.
Desde RICCAP consideramos que los medios libres, comunitarios, cooperativos, ciudadanos, educativos y, en general, las prácticas y procesos de comunicación social, requieren de una atención prioritaria de la ciudadanía y de las instituciones que la representan, siendo conscientes de que la mayoría han visto mermados sus ya de por sí precarios ingresos. La ciudadanía y sus organizaciones -ONGs, movimientos sociales, asociaciones, colectivos, etc.- necesitan de un sector propio:
(1) que vele por el cumplimiento de los derechos humanos, especialmente el derecho a la comunicación;
(2) que traslade a la población una información cercana, verificada y rigurosa;
(3) que fiscalice la actividad de corporaciones y gobiernos;
(4) que mantenga el tejido social y siga facilitando espacios de encuentro para la ciudadanía y sus organizaciones
(5) y que, finalmente, se guíe por una ética feminista y ecologista de los cuidados, la interdependencia, la corresponsabilidad, la solidaridad, y la protección del medio ambiente tanto en los espacios rurales como urbanos.
Promover esta agenda de valores es la única vía que tenemos para transformar lo “anormal” en “normal”, que es un mundo en el que se garantizan el ejercicio pleno de la ciudadanía y los derechos fundamentales.